La patronal del directo reacciona (sin admitirlo) tras el Informe Económico de La Coordinadora sobre el GPS
Tras el Informe Económico de abril sobre el circuito Girando Por Salas (GPS), la patronal del directo reacciona sin admitirlo. Repite el relato de costes y cierres, y anuncia un código sin calendario ni verificación. Busca, de nuevo, el paraguas político bajo la palabra talismán: “protección”.
El Informe Económico de La Coordinadora (01/04) cambió la conversación: del “si funciona” al “a quién funciona” el GPS. Desde 2012, asociaciones y sindicatos han registrado avisos formales al INAEM y a Cultura por irregularidades. En 2016 y 2017 se confirmaron inspecciones de trabajo y de la Seguridad Social a cooperativas vinculadas a la operativa del circuito. En 2020 el GPS corta la relación con esas cooperativas y en 2021 endurece las bases para acreditar altas en Seguridad Social. Ahora, ACCES, APM y ARTE presentan un código sin porqué, sin cómo y sin cuándo, mientras el Ministerio habla de protección de salas.
Viejas coartadas, nuevos titulares
No habían pasado ni cuarenta y ocho horas desde la publicación (1 de abril) del primer Informe Económico de La Coordinadora sobre el programa Girando Por Salas (GPS), cuando la patronal del directo volvió al carril de siempre: repetir lo de “lo carísimo que es mantener una sala” y poner en bucle cierres emblemáticos. Esta vez, de nuevo, el foco mediático se colocó sobre un cierre que duele y que ya venía sonando semanas: Café Central (Madrid), con cobertura a toda página y lágrimas incluidas. El relato es conocido: costes, alquileres, normativas, energía. Y sí: todo eso existe. Pero esa no es la película completa.
El mantra del coste, además, viene envasado con informes europeos que describen “costes crecientes” pospandemia. Es cierto que el tejido de salas arrastra presiones (energía, equipamientos, normativa acústica y de seguridad), pero cuando se usa como comodín para no hablar de relaciones laborales y contratación artística, se convierte en cortina de humo. La propia ACCES ha difundido la actualización de Live DMA sobre el alza de costes 2019–2022; dato útil… y coartada perfecta.
Mientras tanto, del elefante en la sala —la laboralidad de los y las artistas—, ni rastro. El discurso del gasto no puede tapar que el circuito subvencionado por el INAEM, gestionado en colaboración con la FCMP (ACCES, APM, ARTE, etc.), lleva 15 años profesionalizando a todos menos a quienes crean e interpretan. Esa arquitectura está publicada por la propia oficina del GPS. Y otros tres lustros actuando en fraude de ley, como denunció CST-Músicos, contra esos mismos: músicos y artistas.
Reunión exprés y un “código” sin porqués (ni “cuándos”)
Tras ese ruido, ACCES, APM y ARTE escenifican unidad y anuncian un “Código de Buenas Prácticas para la realización de eventos en salas de conciertos”. La nota suena solemne, pero cojea en lo obvio: no explica por qué llega medio siglo tarde, cómo se va a aplicar, ni desde cuándo. Sobre todo, no aclara algo clave: ¿qué pasa si no se cumple? ¿Quién verifica, quién sanciona? Son preguntas básicas para un sector acostumbrado a los papeles sin dientes.
Lo llamativo es quiénes firman y quiénes no. Firman patronales de salas, representantes técnicos y promotores; no figuran como signatarios sindicatos u organizaciones sectoriales de intérpretes y creadores. La foto de familia deja fuera a los trabajadores a los que el código dice querer “proteger” y “profesionalizar”. Papel mojado si no hay contraparte laboral real.
La cronología canta: el comunicado del “código” llega pocas semanas después de que nuestro Informe Económico sobre GPS destapara desvíos de recursos hacia salas y oficinas, con una caída acumulada de grupos y de músicos beneficiados. El timing importa. Cuando se tocan cifras y responsabilidades, aparece el manual de crisis.
Lo que ya sabían: inspecciones, cooperativas y el viraje del GPS
No es nuevo que el modelo se apoyara en cooperativas de “facturación” que travestían la relación laboral de los artistas. Desde 2012, asociaciones y sindicatos del sector han registrado escritos ante el INAEM y el Ministerio de Cultura enumerando irregularidades. Parte de esa trayectoria está publicada —y otra obra en expedientes con registro de entrada—, pero lo determinante es que en 2016–2017 hubo campañas inspectoras sobre estas cooperativas, reconocidas públicamente años después.
En 2019, cooperativas vinculadas a la operativa del GPS (concretamente MUSICAT y MUS21) terminaron admitiendo -en un disparatado comunicado redactado en el equipo del secretario Enrique Valiño- que estuvieron bajo la lupa de la Inspección de Trabajo en 2016 y 2017. Más tarde, anunciarían que su actividad cesaría en mayo de 2022. Ese es el punto de inflexión que explica el giro silencioso: a partir de la convocatoria extraordinaria posterior (GPS11, 2021) se endurece la exigencia de acreditar altas en Seguridad Social para los músicos y se sitúa a la “agencia” como firmante responsable de esas altas. En la práctica, se corta el atajo de la cooperativa de facturación. El papel (esta vez) lo dice. Se da la circunstancia, y no es casualidad, que ambas cooperativas están vinculadas al Consejo de Administración de Artistas Intérpretes y Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE), entidad que gestiona los derechos conexos de propiedad intelectual de los artistas y de los músicos y que preside desde 1990 Luis Cobos. Y no son las únicas.
La Coordinadora (CST-Músicos) elevó la presión en 2024–2025 solicitando acceso a actas e información a las Direcciones Territoriales de Inspección de Trabajo de Cataluña y Madrid, y reponiendo escritos ante Cultura e INAEM. Esas peticiones existen, están registradas y, cuando se liberen, ayudarán a completar el mapa. Hasta entonces, el rastro público —informes, notas y bases de convocatoria— ya dibuja la misma conclusión: el problema no era “el coste de una sala”, era (y es) la forma de contratar.
El argumento de la “protección”
Cerrando el círculo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se lanza a anunciar un plan para “proteger” las pequeñas salas de música en vivo ante cierres recientes. El encuadre —proteger locales— encaja como anillo al dedo en el marco patronal y vuelve a invisibilizar a quienes sostienen el espectáculo: músicos, artistas y técnicos. Proteger salas no puede ser excusa para no garantizar altas, salarios y derechos.
Que nadie se confunda: no es una guerra contra las salas; es la defensa de la relación laboral que marca la ley. Un plan serio debería condicionar cualquier ayuda pública (incluidas las del GPS) al cumplimiento verificable de la normativa laboral y de los convenios; cualquier otra cosa es subvencionar el incumplimiento. Y ya sabemos a dónde conduce.
Si el Ministerio quiere hablar de “protección”, que empiece por proteger a quienes trabajan. El resto —códigos, campañas, reportajes sobre cierres— es ruido, y del caro.
[…] La patronal del directo reacciona (sin admitirlo) tras el Informe Económico de La Coordinadora sobr… […]