Los autónomos artistas del ministro Iceta

Artistas que cotizan por el régimen de autónomos y que deben cobrar un desempleo, estos son los trabajadores que preocupan al Gobierno. Concretamente al ministro de Cultura Miquel Iceta quien, recientemente, compartía sus “obsesiones, en especial dos”, que intenta resolver con el nonato Estatuto del Artista: “La cotización de los autónomos de la cultura y la prestación por desempleo.”

Miquel Iceta, obsesionado por circunstancias del guión

Lo que debería obsesionar al ministro es el endémico fraude laboral del sector. Sin contratos ni altas en la seguridad social, la mayoría de los artistas y técnicos (que no son precisamente autónomos) se convierten en trabajadores invisibles que jamás cotizarán ni tendrán prestación por desempleo. Como ya denunciaran en 2020 el sindicato CST-Músicos y la organización de autónomos UATAE.

El Ministerio de Cultura y Deporte y su titular no han escuchado a los sindicatos, representantes de las reclamaciones del 90% de los trabajadores culturales, artistas y técnicos: los que trabajan y cotizan por cuenta ajena. De ahí que al encargado de contarnos como van las cosas, con el desparpajo y la naturalidad que le caracterizan, haya seguido avanzando en la idea de que las empresas del sector y el Gobierno apuestan por una cultura con “autónomos culturales”.

“Me tiene obsesionado” (Miquel Iceta, ministro de cultura)

El Sr. Iceta dice qué es lo que le “tiene obsesionado” y, al mismo tiempo, introduce las posibles soluciones que no son otra cosa que aquello en “lo que se ha quedado con el sector”. Un sector que ha sido representado durante los 7 años de trabajo del Informe del Estatuto del Artista, en lo que a la elaboración y posterior discusión se refiere, por los que él llama “autónomos artistas” o “artistas culturales” y por empresas, precisamente las mayores enemigas del trabajo por cuenta ajena.

En lo que a la música se refiere, estas empresas son las patronales del directo y de la música grabada y las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, que han dado preferencia al trabajo autónomo, que es el régimen en el que cotiza el grueso de los socios que más derechos ingresa en sus arcas.

Estos socios, los “autónomos culturales” de Iceta, agrupados en distintas ONG’s que actúan como satélites asociativos de las entidades de gestión, son coordinadas por creadores y artistas que medran con la única misión de lograr los objetivos de sus matrices: fidelizar a los socios de estas y difundir y propagar entres estos y la sociedad civil los mensajes dictados por sus corporaciones.

Plataforma en defensa de la Cultura, financiada por las entidades de gestión

De este modo, en 2013 se presenta la Plataforma en Defensa de la Cultura (PDC), “para defenderse de las privatizaciones y el IVA cultural“, que es conformada por más de 43 asociaciones y estará coordinada y representada por el núcleo duro de dichos satélites asociativos.

Tras fracasar en sus demandas, la PDC obtendrá a cambio a modo de consolación una petición del Gobierno: la elaboración del Informe del Estatuto del Artista.

El fracaso de la Plataforma, y la banana del “Estatuto”

Diez años después, comprobamos el fracaso de la PDC. No ha impedido la “privatización” de los derechos de autor, aprobada por Bruselas y secundada por Madrid, materializada en los llamados operadores de gestión privada independientes (OGI) que no tienen por qué ser entidades sin ánimo de lucro y liberalización de los derechos de autor se ha producido.

Y la reivindicación del “IVA Cultural” ha corrido irregular suerte. Tras varios vaivenes, bajó y quedo fijado en distintos tipos: 4% para libros, pero no para discos o streaming, y 10% para entradas a conciertos. Sin embargo, el 21% sigue imperando en las facturas que presentan los “autónomos artistas” y los falsos autónomos, obligados por las empresas. Todo bien para las empresas, pero mal para trabajadoras y trabajadores.

Cultura hace lo que habitualmente, ofrece al “sector” la banana de un Estatuto, con la que le va a tener entretenido 5 años.

Los representantes del sector de la música, con los que “ha quedado” el Sr. Iceta

Entre 2013 y 2019, periodo de elaboración y aprobación del Informe del Estatuto del Artista, el sector se agrupa al amparo de la macro marca Plataforma en Defensa de la Cultura (PDC) en la que se encontraban, en lo que a música se refiere, por parte de la industria: la patronal del directo (salas, festivales, managers), la patronal de la música grabada (discográficas y editoriales) y la patronal de los derechos de autor (entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual).

Y por parte de los creadores y los artistas, distintas organizaciones de creadores y músicos, plataformas vecinales, etc. arremolinadas al amparo y coordinación (en un loop satelital bastante tóxico) de las entidades de gestión. Todas, las patronales y las organizaciones, marcharon al paso que se les marcó desde la Plataforma en Defensa de la Cultura (PDC), dirigida y financiada desde las entidades de gestión.

Y, como presidente y portavoz de esta macro plataforma al frente de la misma fue colocado el músico Javier Campillo.

El ex componente de Tam Tam Go!, Javier Campillo, transmitió de manera principal las necesidades de AIE y de SGAE, a través de la PDC, ante la Subcomisión del Informe del Estatuto del Artista.

Aprobación Informe del EA: fin de la Plataforma en Defensa de la Cultura

Llegado el momento, Javier Campillo, no tuvo conocimiento ni autoridad suficientes para sostener la Plataforma, ni la Federación Estatal FEMA, ni la cooperativa de facturar MUS 21. Estas organizaciones soportaron, según algunos, su “mediocre liderazgo”. Al fin y al cabo fue “colocado” a dedo por las entidades de gestión SGAE y AIE, debido a su vinculación, incluso mercantil, con las mismas.

Actualmente, Campillo continúa vinculado orgánica y económicamente a las dos entidades que le apadrinan desde hace cerca 20 años. Es responsable de las ayudas a asociaciones en SGAE y miembro del Consejo de Administración de AIE, siendo ambos puestos remunerados.

Tras la aprobación en el Congreso en 2018 del Informe del Estatuto del Artista, y su convalidación en 2019, la PDC se vio sometida a las luchas intestinas entre los dirigentes de Madrid y Barcelona y terminó escindiéndose en una suerte de sindicato vertical: la Plataforma Estatal por la Música (PLAM).

Subcomisión de elaboración el Informe del Estatuto del Artista

“7600 músicos y músicas asociadas, 258 salas de conciertos, 72 festivales, 71 promotores musicales, 342 empresas de management y representantes, y 600 empresas del gremio de las discotecas y salas de fiesta”, enumeraba, eufórico el (único y vertical) vídeo de la Plataforma.

Poco tiempo después, PLAM desapareció víctima de su propia falta de coherencia (¿otra vez empresarios y trabajadores juntos desde el mismo lado de la mesa, defendiendo las mismas cosas; desde la única, grande -muy grande- y libre organización?) y de las críticas de los sindicatos Sección de Músicas de la CNT y Coordinadora Sindical de Trabajadoras/es Músicos (CST-Músicos), para fundirse, que no fusionarse, en su auténtica realidad, la de la industria, más dura: la de la federación es_Musica.

Página de inicio de PLAM en la web de es-música

Unión (Profesional) de Músicos, primera reencarnación del sindicato vertical

Como veremos más adelante, PLAM deriva en dos organizaciones a las que seguirán uniendo los mismos intereses. Una que agrupa a las empresas, la Federación de la Música en España, es_música y otra que representa a los músicos y artistas que cotizan como autónomos y que, por lo tanto, mantienen relaciones profesionales exclusivamente de carácter mercantil con las empresas, la actual Unión de Músicos.

El primer, y último, vídeo del canal YouTube de PLAM.

Representar “los intereses de las empresas de la música, no los de sus trabajadores”

Las empresas de la música se organizan en torno a la Federación de la Música de España (es Música). Aunque se presenta como la entidad que “representa y promueve los intereses colectivos del sector de la música de España”, entre sus socios y miembros adheridos no hay ninguna organización de trabajadores músicos y artistas.

Los representantes de las nueve organizaciones después de la firma de constitución de es_Música en BIME 2019. De Izq. a Der. Luis Mendo de AIE, Luis Oscar García Soriano de ACCESS, Josep Gómez Sancho de AEDEM, Albert Salmerón de APM, Francisco López de ARTE, Carla Varona de UFI, Leire Alcalde de OPEM, David Garrido de SGAE y Carlos García Doval de PROMUSICAE. EFE/ Javier Zorrilla

La Federación es_Música “representa los intereses de las empresas de la música, no los de sus trabajadores” argumenta un portavoz del sindicato CST-Músicos. La federación es el intento, liderado por Luis Mendo, vicepresidente de AIE desde 1991, de actuar como lobby musical independiente de la veterana Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española (2012), el lobby cultural presidido por la titánica y temida Rosa Lagarrigue (ex manager de Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Maná, Malú…).

es_Música, la federación de las patronales de la industria de la música (en vivo y grabada)

Socios.

Los socios, y jefes auténticos, de es_Música

Miembros adheridos.

Objetivos de es_Música, el lobby de la patronal de la industria de la música

Ya, en la declaración de intenciones en su web, el retintín de los objetivos a lograr, repiqueteado antes en 1.000 ocasiones: impulso, difusión, promoción, etc. de la “Propiedad intelectual, Manual de Buenas Prácticas, planes de Formación y Emprendimiento e Innovación, fiscalidad, Observatorio de la Música, Estudios sectoriales, búsqueda de un marco legislativo, económico, fiscal, laboral, formativo, educativo y de protección…”

Y sigue: “Aumentar el prestigio de los profesionales y empresas que participan, patrocinio, mecenazgo, Plan de Internacionalización con el Ministerio de Cultura, ICEX, AC/E, Instituto Cervantes, España Global, etc.”. Finalmente, después de todo, la gran novedad: impulsar la creación de un Fondo del Estado para el desarrollo de la industria musica. Es decir, incrustarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Un cosa seria, vamos.

Imagen de es_Música, celebrando la primera ayuda institucional, concretamente, 80.000€ del Ministerio de Cultura

Este es, que no se nos olvide, el brazo industrial del “sector” con el que dice que Iceta que “ha quedado”. Con el que trata el Gobierno, el que aporta todos sus recursos para influir en legisladores y administraciones para que las cosas marchen en la dirección que más convenga a sus intereses.

Un lobby que no muestra reparos en declarar que “dada la posición central” que ejerce en el sector, es la entidad “que puede impulsar, junto con la administración pública el Instituto de la Música”. Un posición central en la que eliminan a cualquier organización de trabajadores músicos y de artistas y a la que el Ministerio de Cultura, actuando con total ligereza, para empezar, ha dotado con 80.000 euros.

Los músicos del sector, con los que “ha quedado” el ministro Iceta

Decíamos más arriba que empresas y artistas de la industria de la música, reunidos en la Plataforma en Defensa de la Cultura (PDC), deciden a primeros de 2019 organizarse independientemente para sacar una mayor tajada del futuro (y presunto) Estatuto del Artista.

Tras comprobar lo descabellado de seguir unidos en PLAM, los músicos catalanes del Taller de Músics y los disidentes de la madrileña FEMA dan un portazo y fundan la Unión Profesional de Músicos, luego Unión de Músicos.

De ese modo, la UM, dirigida mediante bicefalia por Guillem Arnedo (Catalunya) y Manolo Aguilar (Madrid), aumenta su alcance y rigor institucional pero siegue estando tutelada y subvencionada por SGAE y AIE. En consecuencia, ignora las relaciones laborales por cuenta ajena, mayoritarias en el sector, así como la denuncia de la precariedad provocadas por la negativa de la patronal a contratar laboralmente y dar de alta a las trabajadoras músicas y músicos.

Los representantes de los músicos en el Informe del Estatuto del Artista

Ahora resulta mucho más fácil entender, cuando se conoce quienes son los que “han quedado” con el ministro de cultura, el resultado de las negociaciones y las medidas que resultan de las mismas. Estos son los músicos que han “obsesionado” a Iceta y, por tanto, para quienes, principalmente, el Gobierno está adecuando normativas, Estatuto de los Trabajadores, la Ley de la Seguridad Social, etc. Se trata de que su vida fiscal, contributiva y social sea menos difícil.

El agujero de la laboralidad

Son esos músicos y artistas a los que nunca escucharemos hablar de Convenio Colectivo, ni pedir a promotores, salas y administraciones públicas que cumplan con la ley y les contraten laboralmente y les den de alta en la Seguridad Social en el Régimen General Especial de Artistas. Ni tampoco, decir que las cooperativas de facturar de músicos, impulsadas durante 15 años por AIE, hayan destruido la laboralidad, creando falsos autónomos, haciendo cesión ilegal de trabajadores o mermando las bases salariales de los propios cooperativistas con la natural incidencia negativa en sus pensiones.

La Comisión Interministerial, ahora, y la Subcomisión durante dos años, han estado escuchando los informes de organizaciones de autónomos, las de estos músicos que hablan de sus problemas como autónomos y los de las empresas, no los de los trabajadores.

20180614.-Informe-de-la-Subcomisión-del-Estatuto-del-ArtistaCOMPARECIENTES

Unos músicos que, de manera desconsiderada, han aprovechado situaciones gravísimas como la pandemia y el desconocimiento y despiste de sus propios compañeros, para embaucarles en campañas como la #DignidadParaLaMusica cuya única pretensión fue impulsar “su” Informe del Estatuto del Artista.

Los sindicatos de clase, así como los sectoriales, o no participaron de modo real en todo el proceso, porque no se les permitió, o no fueron invitados. Este “gesto” ha arrinconado la defensa de la laboralidad, así como el bloqueo de la introducción en el texto de la precariedad y la explotación laboral que, como se sabe, asola a las trabajadoras y trabajadores culturales y, con mayor saña, a músicos, artistas y técnicos.

Una precariedad, consecuencia de las malas prácticas de la patronal, no de la “característica intermitencia del sector” como insisten en hacer creer en el propio texto del Informe. Las actuaciones interminables en salas y festivales, junto al cambio climático de los últimos años, garantizan actualmente el trabajo de un artista de forma regular. Pregunten ahora por qué sus ingresos, así como su economía, siguen siendo la misma desolación de siempre.

Dignidad para las Trabajadoras y Trabajadores Músicos*

Obedientemente, los y las artistas del vídeo siguen un guión escrito. No contiene equivocaciones. Por lo tanto, son 𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜𝗥𝗔𝗦 𝘆 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗔 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗦 que buscan instaurar una 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗘𝗦𝗔𝗗𝗔.

Dignidad para la Música, campaña plagada de errores, promovida por las asociaciones satélites de las entidades de gestión SGAE y AIE

1) Sí hay normativa clara para que los músicos coticen.

2) No hay abandono normativo que nos haga vulnerables. Sí, en cambio, hay que denunciar el abandono administrativo.

3) El Estatuto del Artista, en su actual redacción, busca consagrar la precariedad de músicos y artistas.

4) Sí existen, en nuestra profesión, unos honorarios mínimos homologados: están fijados en las tablas salariales del 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔, 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗧𝗘𝗖𝗔𝗦 𝗬 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗕𝗔𝗜𝗟𝗘 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟮 (https://bit.ly/2APomsk).

5) La dignidad no es para la música, es para los músicos. Y no debe ser exclusiva, al igual que los derechos que les asisten como trabajadores, de los ‘𝗠Ú𝗦𝗜𝗖𝗢𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦’. La dignidad es para todas y todos los músicos que, al subirse a un escenario, se convierten en 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗔𝗗𝗢𝗥𝗔𝗦 𝗬 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠Ú𝗦𝗜𝗖𝗔. ¡¡𝗗𝗜𝗚𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗔𝗗𝗢𝗥𝗔𝗦 𝗬 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗠Ú𝗦𝗜𝗖𝗢𝗦!!

* Nunca habrá un Estatuto del Artista (ni falta que nos hace)

El Informe del Estatuto del Artista, fue encargado por el Gobierno en 2017. Se trataba de elaborar un, posible, Estatuto que diera respuestas a los graves problemas de los trabajadores, profesionales y empresas culturales. Muy pronto se detectó que lo iba a hacer inviable.

Se trata de la existencia previa del inevitable e incumplido Estatuto de los Trabajadores y de los convenios colectivos estatales y sectoriales de cada disciplina, ignorados, sobretodo en el caso del que compete a la música y la contratación en los espectáculos públicos.

Ningún Estatuto iba a llegar al sector para “colocarse” por encima del Estatuto de los Trabajadores. Y así lo han hecho saber los sindicatos desde el primer momento.

Fragmento del comunicado sindical conjunto ‘El tejido cultural sólo se arregla contando con músicos y artistas’

Aún así, de forma torticera, la industria, instituciones, políticos y medios de comunicación han manejado el “Estatuto” como la panacea. Finalmente intentarán retorcerla en favor de sus intereses, y contra los derechos de los trabajadores. Porque este ha sido siempre su histórico proceder.

Vídeo del canal YouTube de la asesoría jurídica de la patronales de los festivales y de las salas. “No eres un músico, eres un proyecto, por lo tanto, tienes que facturar, y además pagar un alquiler”, resume el engaño con el que las salas quieren seguir estafando a músicos y artistas otros 40 años.

El “Estatuto” se ha quedado en lo que (utilizando palabras del propio ministro) fue desde el principio, un informe que “establecía 57 medidas concretas y 17 recomendaciones de carácter general“. En el mismo ha estado trabajando desde julio 2021 una Comisión Interministerial integrada por siete Ministerios.

Algunas, como el Contrato laboral artístico de duración determinada, que se extenderá a técnicos es un avance. La patronal no lo va a hacer. No contratará ni dará de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores pretendiendo, por ejemplo, que son “proyectos”. La conquista de los derechos laborales únicamente será posible mediante la denuncia y la inspección de trabajo.

* Publicación de la cuenta de Facebook de CST-Músicos del 21 de agosto de 2021

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